Como expresión misma del Estado democrático, y en estricta vinculación con los principios de autonomía, transparencia y responsabilidad pública que orientan la gestión del Banco Central de Venezuela, éste debe rendir cuenta de sus actuaciones. De allí que existan sobre él distintos controles, como el Parlamentario o Político (ejercido por la Asamblea Nacional), el Administrativo o Jurídico (competencia de la Contraloría General de la República) y el Judicial (a cargo del Tribunal Supremo de Justicia).

Adicionalmente, existen otras instancias, como la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, que ejerce supervisión sobre las actividades comprendidas dentro del ámbito de inspección de aquélla.